Por el cometimiento de este delito se estiman pérdidas por al menos USD 245 mil mensuales en perjuicio del Estado ecuatoriano.

EP Petroecuador, en su calidad de víctima y como acusador particular, participa en la audiencia de juicio a los sujetos procesales, este lunes 09 de diciembre del 2019, en el Tribunal Penal de Sucumbíos. En la audiencia está prevista la participación de la Fiscalía General del Estado y siete personas sospechosas de integrar una organización delictiva para extraer ilegalmente crudo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

El Gerente General de EP Petroecuador, Pablo Flores, quien participó de la audiencia por video conferencia, destacó que la colaboración de la empresa pública ha sido constante, “son más de 1.700 delitos penales impulsados en los tribunales del país, como empresa pública buscaremos las reparaciones integrales al Estado ecuatoriano, no podemos dejar de castigar a los responsables. Para la actual administración de EP Petroecuador es una prioridad dar el seguimiento necesario a estos casos judiciales que afectan a la empresa pública”.

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR presentó la acusación particular por este delito que es sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. Esta acusación se sustenta en los hechos que fueron corroborados por las autoridades competentes, como son la perforación del Oleoducto, extracción de crudo utilizando mangueras y el transporte en auto tanques, incluso se usaban guías y facturas falsificadas para que se realicen hasta 20 viajes mensuales, con un perjuicio al Estado ecuatoriano de al menos 200 mil galones de crudo, es decir, 47.661 barriles de petróleo, cada mes, los cuales se comercializaban a un precio estimado de 51,45 dólares por barril, lo que corresponde a 245.000 dólares mensuales de perjuicio al Estado; todos estos antecedemos fueron identificados durante los cuatro meses de investigación reservada.

Desde octubre de 2018, la Empresa Pública Petroecuador junto a la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional iniciaron un proceso de investigación reservada por la sustracción ilegal de petróleo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Con las investigaciones y elementos recabados por la Fiscalía General del Estado, en abril de 2019, EP Petroecuador acusó a 32 personas por el delito de delincuencia organizada para extraer ilegalmente crudo del SOTE, comercializar y transportar petróleo en diferentes provincias del país como: Guayas, Chimborazo, Cañar, Azuay y otras.

En agosto y noviembre de 2019, 10 personas reconocieron su participación en este acto ilícito y fueron sentenciadas a 40 y 56 meses de prisión, dependiendo su grado de participación, además se les ordenó una reparación integral de USD 995.371, 90 a favor de EP Petroecuador y USD 15 mil por afectaciones ambientales al Ministerio del Ambiente. El juez del caso ordenó a favor de la Empresa Pública el comiso penal de los vehículos utilizados para cometer el hecho ilícito.